En su primera intervención pública en un mes, Pedro Sánchez ha reiterado que Marruecos no tiene responsabilidad en la avalancha de 72 000 personas que cruzaron ilegalmente a Ceuta el pasado 30 de julio y ha anunciado que el rey Felipe VI realizará una visita oficial a la ciudad autónoma cuando se den las condiciones, sin precisar fecha. El presidente ha señalado que “si no hay cooperación esta crisis no se soluciona; al contrario, se agravaría”, y ha calificado de “acusaciones graves, peligrosas y gratuitas” los señalamientos de la oposición y de algunos socios parlamentarios contra el país vecino. Sánchez ha insistido en que “no hay ninguna información de las Fuerzas de Seguridad del Estado, del CNI, ni de ningún centro de inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes”. Además, ha recordado que la falta de confianza entre ambos gobiernos solo empeora la situación. Ha evitado volver a hablar del “ataque a la integridad territorial de España”, término que utilizó el día después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. Ha mencionado la divergencia entre sus ministros sobre si el CNI avisó o no del riesgo en la frontera; mientras Margarita Robles asegura que sí lo hizo, Fernando Grande‑Marlaska no admitió tal alerta en el Congreso. Sánchez ha aclarado que “nadie ha negado que haya habido informes de situación”, pero que “no hubo ninguna alerta sobre la magnitud” de lo ocurrido. El mandatario ha atribuido la crisis a una “desigualdad estructural en la frontera” que complica su gestión, a la desinformación circulada en redes sociales sobre la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de agosto y a la posible implicación de organizaciones criminales y mafias, descartando que los ataques deban provenir necesariamente de un actor estatal. Señala que “no es evidente que los ataques que se puedan perpetrar en una frontera tengan que provenir de un actor estatal”. Respecto a la visita del monarca, Sánchez ha subrayado que existen “argumentos y razones suficientes” para que Felipe VI viaje a Ceuta “por fin”, algo que no había ocurrido en los últimos 20 años bajo gobiernos del PSOE o del PP. Añade que la coordinación entre Zarzuela y Moncloa “no ha tenido nunca ninguna complicación”, pese a que la visita podría generar tensiones diplomáticas con Marruecos. La fecha del desplazamiento dependerá de que se cumplan las condiciones que ambas instituciones consideren necesarias. La oleada de 72 000 personas que cruzaron la frontera de Ceuta el 30 de julio reaviva una disputa que lleva años entre España y Marruecos sobre la gestión de la frontera del estrecho de Gibraltar. Desde el año 2002, cuando Marruecos tomó el control de la zona de Ceuta y Melilla, ambos gobiernos han negociado acuerdos de cooperación para frenar los flujos migratorios, pero la falta de confianza ha sido una constante. El episodio de julio se produce en un contexto de creciente presión migratoria en el Mediterráneo y de tensiones diplomáticas alimentadas por la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de agosto, que confirmó la ilegalidad de la “operación de repatriación” de migrantes en Ceuta y generó una ola de desinformación en redes sociales. La ausencia de una alerta clara por parte del CNI, pese a los reclamos internos de los ministros de Defensa y del Interior, muestra la fragilidad de los mecanismos de inteligencia y la dificultad de anticipar una movilización tan masiva. Al defender a Marruecos y calificar de “acusaciones graves, peligrosas y gratuitas” los señalamientos de la oposición, Sánchez busca evitar una escalada diplomática que podría cerrar la puerta a la cooperación esencial para controlar la frontera. La visita anunciada del rey Felipe VI a Ceuta, aunque sin fecha concreta, pretende enviar un mensaje de unidad nacional y reafirmar la soberanía española sobre la ciudad autónoma, al tiempo que abre la puerta a un diálogo reforzado con Rabat. Si la visita se concreta en un momento de mayor estabilidad, podría servir de catalizador para renegociar protocolos de vigilancia y para abordar la “desigualdad estructural” que el propio presidente señala como raíz del problema, incluyendo la posible implicación de redes criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de la zona. El debate interno sobre si el CNI advirtió o no del riesgo subraya la presión política que recae sobre el Gobierno: por un lado, la necesidad de responder a la ciudadanía que percibe la llegada masiva como una amenaza a la integridad territorial; por otro, la urgencia de mantener canales de cooperación con Marruecos para evitar que la crisis se agrave. La forma en que se gestione la visita real y la posterior negociación con Rabat determinará, en los próximos meses, si España logra reforzar su control fronterizo sin sacrificar la relación bilateral, o si la desconfianza se traduce en nuevas tensiones que compliquen aún más la gestión migratoria en el estrecho.