Viswanathan Anand asume la presidencia interina de la FIDE tras dimisión de Dvorkovich

La salida de Arkady Dvorkovich de la presidencia de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) no es solo la consecuencia de un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, sino el punto de inflexión de una disputa que lleva años entre la política y el deporte. Dvorkovich, exministro de Economía ruso y cara visible de la FIDE desde 2018, había intentado equilibrar la presión occidental con la defensa de los intereses rusos, primero apoyando la exclusión de los equipos de ajedrez de Rusia y luego facilitando su reincorporación tras la intervención del Comité Olímpico Internacional. Esa ambivalencia alimentó críticas de figuras como Peter Heine Nielsen, que acusó al dirigente de socavar la integridad del calendario internacional. La imposición de sanciones que impiden a Dvorkovich viajar libremente por la UE cerró la puerta a su continuidad y desencadenó una carrera por el control de la organización. Con Viswanathan Anand, doble campeón mundial y una figura respetada en el ajedrez, como presidente interino, la FIDE busca estabilizar su imagen mientras se acerca la elección prevista para la Olimpiada de Ajedrez de Samarcanda. Sin embargo, la contienda está lejos de ser una mera sucesión de títulos. El candidato “oficial”, Timur Turlov, ha renunciado a la ciudadanía rusa y adoptado la kazaja, pero su vinculación con Freedom Finance – una empresa cotizada en Nasdaq que patrocina a la FIDE – plantea interrogantes sobre la influencia de intereses financieros en la gobernanza del ajedrez. Los otros dos aspirantes, cuyo patrimonio ronda los 7.000 millones de euros, refuerzan la percepción de que la silla de la FIDE se ha convertido en un activo atractivo para multimillonarios que pueden moldear decisiones estratégicas, desde la distribución de fondos hasta la ubicación de futuros eventos. La elección que se celebrará en septiembre definirá no solo la dirección administrativa del deporte, sino también el equilibrio entre la autonomía institucional y la presión de potencias económicas y geopolíticas.