Más del 65 % de los españoles reconoce la existencia del lawfare
Una encuesta reciente revela que más del 65 % de la ciudadanía española considera que el ‘lawfare’ está presente en el país. El mismo estudio indica que los casos que afectan al PSOE resultan más conocidos que los que involucran al PP, y que una de cada tres personas percibe una inclinación de los jueces hacia la derecha.
El sondeo, realizado a nivel nacional, muestra que 66,2 % de los entrevistados afirma que el ‘lawfare’ se utiliza como herramienta política. Dentro de ese colectivo, el 58 % reconoce haber escuchado más situaciones vinculadas al PSOE que al PP. Además, el 33 % de los encuestados opina que la judicatura muestra una tendencia favorable a la derecha. Los datos provienen de una muestra representativa en términos de edad, género y región, lo que otorga credibilidad a los resultados.
El concepto de ‘lawfare’ emergió hace una década como la combinación de la ley y la guerra, describiendo el uso del sistema judicial con fines políticos. En España, el debate se intensificó tras la aparición de casos judiciales de alto perfil que involucraron a políticos de diferentes siglas. La percepción de parcialidad ha alimentado la polarización, y la mayor notoriedad de los procesos contra miembros del PSOE sugiere una asimetría mediática que refuerza la opinión pública.
Si la mayoría de los ciudadanos percibe que la justicia se inclina hacia la derecha, la confianza institucional puede verse erosionada. Los partidos podrían aprovechar esta sensación para reforzar sus narrativas y movilizar a sus bases. Los votantes escépticos podrían mostrarse menos propensos a aceptar decisiones judiciales, lo que aumentaría la presión para reformas del sistema judicial. Asimismo, la percepción de desequilibrio podría incitar a debates legislativos sobre la independencia de los tribunales y la necesidad de mecanismos de control más transparentes.
En cualquier caso, el dato de que una de cada tres personas detecta una tendencia conservadora en los jueces sugiere que la opinión pública está dispuesta a cuestionar la neutralidad del poder judicial. La combinación de alta conciencia sobre el ‘lawfare’ y la creencia de un sesgo ideológico plantea un escenario en el que la legitimidad de las instituciones judiciales se vuelve un tema central en la agenda política. La respuesta de los partidos y de los responsables de la justicia será crucial para definir si la percepción se traduce en cambios estructurales o en una mayor fragmentación del debate público.