Juez autoriza a la UCO interceptar móvil de Barrabés en caso Begoña Gómez
El jueves un magistrado autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) a pinchar el teléfono del empresario Antonio Barrabés, cinco años después de que se investigaran los contratos vinculados al llamado “caso Begoña Gómez”. La decisión llega tras la solicitud de la Fiscalía Europea presentada en marzo de 2026, que pedía intervenir el dispositivo móvil del imputado para esclarecer posibles irregularidades.
La petición de la Fiscalía Europea especificó que el móvil de Barrabés podría contener pruebas esenciales sobre la adjudicación y ejecución de los contratos objeto de la investigación. Los contratos, que datan de 2021, fueron revisados por la UCO en su fase inicial y, aunque no se había encontrado evidencia concluyente, la sospecha de maniobras irregulares persistió. La autorización judicial permite ahora a los agentes de la UCO acceder a los datos de llamadas, mensajes y aplicaciones instaladas, con el objetivo de reconstruir la red de contactos y posibles beneficios económicos asociados al caso. El juez sostuvo que la medida es proporcional y necesaria para evitar la destrucción de pruebas, y fijó una duración máxima de seis meses para la interceptación.
El caso Begoña Gómez surgió cuando la administración pública adjudicó una serie de obras de infraestructura a compañías vinculadas a Barrabés, generando dudas sobre la transparencia del proceso. En 2021, la UCO abrió una investigación preliminar que se centró en la posible colusión entre funcionarios y empresarios. A lo largo de los últimos años, varios investigadores han señalado la ausencia de documentación clara que justificara los precios y plazos acordados. La presión de la Fiscalía Europea, que coordina acciones transfronterizas contra el fraude y la corrupción, intensificó el escrutinio sobre la actuación del empresario y sus socios.
La autorización para interceptar el móvil podría tener repercusiones significativas. Si se descubren pruebas de manipulación contractual, Barrabés podría enfrentarse a cargos penales y a la imposición de sanciones económicas sustanciales. Las empresas vinculadas a los contratos podrían ver afectada su reputación y perder oportunidades de negocio. Además, la medida refuerza la cooperación entre la justicia española y la europea en casos de corrupción, marcando un precedente para futuras investigaciones que requieran acceso a comunicaciones digitales. La comunidad empresarial observará de cerca el desarrollo del caso, pues la decisión judicial subraya la disposición de las autoridades a utilizar herramientas tecnológicas para garantizar la integridad del proceso de contratación pública.