UCO vincula a expresidente de Correos con trama contra PSOE
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha puesto a Juan Manuel Serrano bajo investigación por presunta participación en una trama destinada a desestabilizar causas que involucraban al PSOE y al Gobierno. El operativo, que se inició esta semana, señala al expresidente de Correos como uno de los protagonistas de una red que buscaba minar la actuación del Ejecutivo.
El expediente indica que Serrano, quien ejerció como jefe de gabinete de Pedro Sánchez hasta la llegada del presidente a la Moncloa, habría mantenido contactos con la exmilitante socialista Leire Díez. Según la investigación, ambos habrían coordinado acciones destinadas a crear vulnerabilidades en procesos judiciales y administrativos que afectaban al partido y a la coalición gobernante. La UCO ha recabado testimonios y documentos que, según los agentes, demuestran una relación estrecha entre Serrano y Díez, así como la intención de interferir en decisiones clave. La denuncia se sustenta en registros de llamadas, correos electrónicos y reuniones fuera de los canales institucionales, que vinculan a los investigados con la planificación de la supuesta maniobra.
Serrano llegó a la Presidencia de Correos en 2021, tras una trayectoria en el sector público y una etapa como asesor cercano de la cúpula socialista. Su paso por el gabinete de Sánchez lo situó en el centro de la toma de decisiones del gobierno, lo que le concedió acceso a información sensible. La exmilitante Díez, conocida por su militancia en la rama juvenil del PSOE, había sido expulsada del partido en 2022 tras discrepancias internas. Ambos comparten un historial de relaciones con altos cargos del partido, lo que ha alimentado la sospecha de que la trama pretendía aprovechar esas conexiones para ejercer presión sobre la agenda del gobierno.
Si la investigación confirma los indicios presentados, el caso podría repercutir en la estabilidad del Ejecutivo y en la imagen del PSOE. La posible implicación de un antiguo jefe de gabinete sugiere vulnerabilidades en los mecanismos de control interno de la administración. Además, la vinculación de figuras del entorno del partido con intentos de desestabilización puede erosionar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública. La Fiscalía decidirá si se abre juicio oral, lo que implicaría la comparecencia de los investigados y la posible apertura de procesos judiciales que podrían culminar en sanciones penales.