España crea la primera Agencia de Supervisión de IA de Europa con sede en Barcelona

Por Diego Herrera·Redacción ChatAmigos·
Representación visual de redes neuronales artificiales en azul sobre fondo oscuro.
Foto: Google DeepMind / Pexels

El Consejo de Ministros aprobó el martes la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que tendrá sede en A Coruña y Barcelona y comenzará a operar en el primer trimestre de 2027. La agencia vigilará el cumplimiento del Reglamento europeo de IA, en vigor desde agosto de 2024, y podrá imponer multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación global de las empresas infractoras.

La AESIA nace con una plantilla inicial de 80 funcionarios y un presupuesto de 12 millones de euros para el primer ejercicio, inferior a los 25 millones que han solicitado las asociaciones del sector tecnológico para garantizar su efectividad. La presidenta del organismo será designada por el Congreso de los Diputados por mayoría reforzada, a propuesta del Gobierno.

Entre las funciones previstas, la agencia auditará los sistemas de IA de alto riesgo —como los usados en contratación laboral, crédito bancario o seguimiento policial— y gestionará las denuncias de ciudadanos afectados por decisiones automatizadas. También coordinará con la Agencia Española de Protección de Datos los casos que impliquen datos personales.

Las empresas tecnológicas han recibido la noticia con cautela. Varias startups del sector apuntan que la normativa puede dificultar el desarrollo de proyectos innovadores, mientras que organizaciones de derechos digitales celebran que España sea el primer estado miembro en crear un regulador dedicado.

Contexto y análisis

La aprobación del Consejo de Ministros sitúa a España como pionera dentro de la Unión Europea al crear la primera autoridad dedicada exclusivamente a supervisar la inteligencia artificial. El organismo se enmarca en la aplicación del Reglamento europeo de IA, vigente desde agosto de 2024, que clasifica los sistemas en distintos niveles de riesgo y obliga a los proveedores a cumplir requisitos de transparencia, seguridad y gestión de datos. Hasta ahora, la supervisión se ha delegada a la Agencia Española de Protección de Datos y a inspecciones sectoriales, lo que había generado lagunas en la fiscalización de algoritmos que operan en ámbitos críticos como la selección de personal, la concesión de crédito o la vigilancia policial.

Con una plantilla inicial de 80 funcionarios y un presupuesto de 12 millones de euros, la nueva agencia cuenta con la facultad de imponer sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación global de las empresas infractoras. La designación de su presidenta por el Congreso, a propuesta del Gobierno, refuerza la dimensión política del proyecto y su capacidad para coordinarse con la autoridad de protección de datos en casos que involucren información personal. La medida afecta tanto a grandes corporaciones tecnológicas, que tendrán que adaptar sus procesos de desarrollo y auditoría, como a startups, que advierten sobre posibles obstáculos a la innovación y solicitan recursos adicionales para garantizar una supervisión eficaz.

El debate que se ha abierto entre el sector tecnológico y las organizaciones de derechos digitales revela la tensión entre la necesidad de un marco regulatorio sólido y la preservación de la competitividad europea en IA. Si la AESIA logra

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