El Congreso ratifica convenio OIT 189 y amplía derechos de las empleadas del hogar

Por Redacción ChatAmigos·
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Foto de recurso: Tima Miroshnichenko / Pexels

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con 341 votos a favor, una abstención y ningún rechazo, garantizando condiciones equitativas a las trabajadoras domésticas. La ratificación obliga al Gobierno a regular los periodos de descanso, la conservación de documentos de viaje e identidad, y a asegurar prestaciones por desempleo para este colectivo. A partir de ahora, las empleadas del hogar deberán recibir el salario mínimo mensualmente y se limitará la remuneración en especie. Asimismo, el Gobierno deberá establecer normas sobre la repatriación de trabajadoras migrantes al término del contrato y permitir que acuerden su residencia en el hogar donde prestan servicios. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que, tras la ratificación, se garantizará también el acceso a prestaciones por desempleo, cumpliendo lo dictaminado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como discriminatorio. En mayo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó que 378 178 personas están afiliadas al régimen de empleadas del hogar, la gran mayoría mujeres. Grupos parlamentarios y colectivos feministas celebraron la decisión como “una victoria histórica”. La diputada del PSOE María Dolores Narváez subrayó que se trata de una cuestión de justicia y dignidad.

Contexto y análisis

La ratificación del Convenio 189 de la OIT supone el primer paso concreto de España para cumplir con una normativa internacional que, desde 2011, reconoce a las trabajadoras del hogar como empleadas con los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Hasta ahora, la normativa española había dejado gran parte de la regulación en manos de los contratos individuales, lo que generó una gran disparidad en la protección social y en la forma de remuneración, sobre todo entre empleadores y empleadas migrantes. La decisión del Congreso, apoyada por una mayoría abrumadora, obliga al Gobierno a dictar normas sobre periodos de descanso, conservación de documentos y, crucialmente, a garantizar el salario mínimo mensual y limitar la remuneración en especie, dos medidas que han sido reclamadas durante años por sindicatos y asociaciones feministas. El impacto inmediato recae sobre los más de 378 000 afiliados al régimen de empleadas del hogar, la gran mayoría mujeres, muchas de ellas migrantes que, hasta ahora, enfrentaban incertidumbre frente a la repatriación al término del contrato y la falta de acceso a prestaciones por desempleo. Al establecer la posibilidad de que estas trabajadoras acuerden su residencia en el domicilio donde prestan servicios y al regular la repatriación, se pretende evitar la vulnerabilidad que ha alimentado prácticas abusivas y la discriminación señalada por el Tribunal de Justicia de la UE. A medio plazo, la medida podría sentar un precedente para la revisión de otras áreas laborales con alta presencia de empleo informal, y reforzar la agenda de igualdad de género en la legislación laboral española.

Análisis de la redacción de ChatAmigos.

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