Europa abandona el modelo migratorio de Sánchez y adopta la línea disuasoria de Meloni

La decisión de la Comisión Europea de abandonar el programa de asilo impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez supone el cierre de una etapa que, desde 2015, había marcado la respuesta colectiva de la UE frente a las crisis humanitarias. La foto de Aylan Kurdi, difundida a principios de ese año, había catalizado una oleada de solidaridad que llevó a la mayoría de los Estados miembros a elevar sus cuotas de reasignación y a flexibilizar los controles fronterizos, con la excepción de Hungría y Polonia. Ese impulso humanitario, sin embargo, se encontró pronto con una serie de choques sociopolíticos: la masiva afluencia de migrantes por la ruta de los Balcanes, los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016) que se vinculaban a flujos migratorios, y la ola de crímenes atribuidos a extranjeros en la Nochevieja de Colonia. Cada uno de esos episodios alimentó una percepción creciente de que la migración era un factor de inseguridad, lo que favoreció la aparición y consolidación de partidos de ultraderecha como la AfD en Alemania y reforzó la postura de gobiernos nacionalistas en Budapest y Varsovia. El giro actual hacia una política “disuasoria”, inspirada en la línea de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, se produce en un contexto de presión interna y externa. La carta firmada por 22 organizaciones, que exigía un mayor control de las fronteras y la limitación de medidas que pudieran generar “efecto llamada”, refleja una demanda de seguridad que ha sido reforzada por los recientes ataques en Mannheim y Solingen, y por la estrategia de Bielorrusia de desviar a familias del Oriente Próximo hacia la UE. Al mismo tiempo, la excepción humanitaria de los refugiados ucranianos sigue vigente, lo que evidencia una doble lógica: la solidaridad se mantiene cuando el conflicto se percibe como cercano y claramente definido, mientras que la migración irregular se trata con mayor rigor. La medida deja a España como único representante nacional en Bruselas, lo que podría traducirse en una mayor influencia para el Gobierno de Sánchez en la negociación de futuros acuerdos, pero también en una exposición a críticas internas por la aparente pérdida de protagonismo en la política migratoria europea. Las implicaciones son varias. En primer lugar, los países que dependen de los mecanismos de reasignación de la UE podrían ver reducidos sus flujos de acogida, lo que obligará a replantear sus sistemas de integración y a reforzar los recursos destinados a la gestión de fronteras. En segundo lugar, la adopción de un enfoque más restrictivo podría alimentar la narrativa de partidos nacionalistas en varios Estados miembros, incrementando la polarización política y el riesgo de que la cuestión migratoria vuelva a ser un tema central en elecciones próximas. Por último, la divergencia entre la política de acogida de ucranianos y la nueva postura disuasoria podría generar tensiones dentro del bloque, obligando a la UE a justificar de forma consistente sus criterios de selectividad y a buscar mecanismos que eviten la fragmentación de su política exterior.