Precio del gas: el nuevo tope reduce la factura de consumidores hasta 20 %

Por Redacción ChatAmigos·
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Foto de recurso: Erik Mclean / Pexels

El Congreso ha convalidado el decreto‑ley que limita el precio del gas en el mercado mayorista, con la abstención del PP y Vox. La medida, ya aprobada por la Comisión Europea, entrará en vigor el martes, cuando se fijen los precios para el día siguiente en España y Portugal. El mecanismo establece un techo que comenzará en 40 €/MWh durante los primeros seis meses y subirá de cinco en cinco euros hasta alcanzar los 70 €/MWh en el último mes del periodo. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que el tope reducirá entre un 15 % y un 20 % el importe de la factura de los consumidores con tarifa regulada durante los doce meses que dure la medida, hasta el 31 de mayo de 2023. Los usuarios con tarifas indexadas al precio del mercado, incluidos los beneficiarios del bono social, serán los primeros en percibir el alivio, aunque también se espera que la medida favorezca a los clientes del mercado libre al bajar la referencia de precios mayorista. Para compensar a las centrales que generan electricidad con gas, el Gobierno pagará la diferencia entre el precio límite y el coste real del combustible. La compensación asciende a 6.300 millones de euros al precio actual del gas y aumentará en 1.500 millones por cada incremento de 10 euros en el tope. El presidente Sánchez ha anunciado en Twitter que hogares y empresas notarán el ahorro en sus facturas de forma inmediata. El responsable de Energía del PP, Guillermo Mariscal, ha calificado el tope de “intervención radical del mercado”. Vox lo ha descrito como “un juego de trileros” y ha puesto en duda su efecto sobre la factura final. El límite del precio del gas llega en un contexto de tensiones con Argelia, principal proveedor de gas para España, cuya relación bilateral se ha deteriorado tras la ruptura del Tratado de Amistad y la suspensión de intercambios comerciales. La ruptura podría afectar al suministro y al precio del gas, aunque el Gobierno aún estudia las consecuencias. En el corto plazo, el nuevo tope busca evitar que la crisis energética recaiga exclusivamente en los consumidores, ofreciendo un alivio concreto a la factura eléctrica mientras se mantiene la estabilidad del mercado mayorista.

Contexto y análisis

El techo al precio del gas que el Congreso ha aprobado llega tras varios meses de volatilidad en los mercados mayoristas, impulsada por la escasez de suministro y la disputa diplomática con Argelia, que abastece más del 30 % del gas español. Desde el inicio de la crisis energética, los precios han superado los 100 €/MWh, presionando tanto a los hogares con tarifas reguladas como a las empresas que dependen de la energía térmica para su producción. La medida, ya avalada por la Comisión Europea, pretende estabilizar la referencia mayorista durante un año, fijando un límite que parte de 40 €/MWh y se eleva progresivamente hasta 70 €/MWh. Al cubrir la diferencia entre el techo y el coste real del combustible, el Estado destina una partida que parte de 6.300 millones de euros y se ampliará conforme suba el límite, lo que supone un gasto significativo pero que el Gobierno considera necesario para evitar un desbordamiento de la factura energética. El impacto inmediato se percibe en los consumidores con tarifas reguladas y en los beneficiarios del bono social, que verán una reducción de entre el 15 % y el 20 % de su factura durante los doce meses de vigencia. Aunque la medida también beneficia a los clientes del mercado libre, al bajar la referencia mayorista, su efecto en la factura final de estos usuarios dependerá de la evolución de los precios del gas y de la capacidad de los comercializadores para trasladar el ahorro. La iniciativa genera tensiones políticas: el PP la califica de “intervención radical del mercado”, mientras que Vox la tilda de “juego de trileros”, argumentando que la ayuda estatal podría distorsionar la competencia y no garantizar un ahorro duradero. En cualquier caso, el tope al gas se inscribe dentro de la estrategia del Gobierno para mitigar la crisis energética y evitar un repunte de la inflación que afecte a la economía doméstica y a la competitividad de la industria española.

Análisis de la redacción de ChatAmigos.

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