Sánchez y Meloni imponen controles recíprocos a viajeros entre España e Italia

El Gobierno español anunció este viernes la puesta en marcha de controles aleatorios a los viajeros procedentes de Italia, con vigencia desde el 0 h del sábado 8 de agosto hasta el 7 de septiembre. La medida llega tras la negativa de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a retirar los controles que había impuesto a los ciudadanos españoles. Los controles consistirán en la verificación de identidad (pasaporte) y nacionalidad, y, en caso de viajeros de terceros estados, la comprobación de visado o permiso de residencia. Según la propia comunicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la medida responde a la “persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”. La supervisión será aleatoria y podrá prorrogarse si cambian las circunstancias que la motivaron. El origen de la medida se sitúa en la crisis migratoria de Ceuta, donde la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos ha generado tensiones entre ambos gobiernos. Sánchez había pedido a Italia que “rectifique” y elimine los controles a ciudadanos españoles, advirtiendo que, de no hacerlo antes del domingo 9 de agosto, España adoptaría “medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad” de los españoles. Italia mantuvo su postura y anunció que mantendrá los controles a españoles hasta, al menos, el 15 de agosto, a menos que se garantice la ausencia de riesgos de seguridad, amenazas terroristas o nuevas oleadas migratorias. Este intercambio sitúa a España e Italia en una fractura histórica dentro de la Unión Europea, al afectar el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que garantiza la libre circulación y residencia de los ciudadanos. La libre circulación constituye uno de los pilares más sensibles del proyecto europeo, y su interrupción temporal genera un estado de shock en Bruselas. Los controles recíprocos repercuten directamente en los viajeros que cruzan fronteras aéreas y marítimas entre ambos países, obligándolos a presentar documentación adicional y a someterse a inspecciones aleatorias. La medida, calificada como “temporal”, permanecerá en vigor hasta el 7 de septiembre, salvo que evoluciones en la situación migratoria o de seguridad determinen una extensión o modificación del plazo.