El colapso de la seguridad en Ceuta expone fallos de inteligencia y confianza con Marruecos

El 30 de julio más de 72 000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia la Ciudad Autónoma de Ceuta, duplicando su población en pocas horas y provocando lo que el presidente Pedro Sánchez calificó como una “violación de la integridad territorial de España”. El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, señaló que el inesperado influjo migratorio dejó al descubierto “grietas en los engranajes del Estado”. Aseguró que no existía ningún informe que alertara de la avalancha de personas, aunque mantuvo su confianza en el trabajo del CNI y de los demás servicios de información españoles. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmó que había avisado al Gobierno de un aumento en el flujo migratorio en los días previos, pero el Ejecutivo diferenció esa tendencia de lo ocurrido el 30 de julio, considerándolo un “ataque a la integridad territorial”. En la práctica, ninguno de los “resortes del Estado” advirtió al Gobierno que 72 000 personas se dirigirían a la frontera simultáneamente. El Gobierno prometió emplear todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes, pero la propia crisis mostró que dichos recursos fallaron en proteger el territorio español, pese a que España cuenta con la cuarta economía de Europa y un gasto milmillonario en defensa. La falta de respuestas sobre cómo se produjo el colapso mantiene viva la duda de si el episodio podría repetirse. El episodio también desencadenó tensiones en la Unión Europea: 22 países reprocharon la gestión migratoria de Sánchez y el asunto escaló de lo político a lo institucional con Italia, bajo la conducción de Giorgia Meloni. Esa reacción del bloque europeo complica la recuperación de España ante la crisis migratoria y pone en evidencia la fragilidad de la cooperación con Marruecos, a quien el Gobierno ha intentado exculpar pese a episodios anteriores en los que Rabat detuvo éxodos masivos.