Incendios en verano: la normativa española en jaque tras varios incidentes

Por Redacción ChatAmigos·
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La madrugada del 16 de julio de 2026 se registraron incidentes que obligan a replantear la gestión de riesgos en verano. En La Mierla, Guadalajara, una cosechadora agrícola estuvo operando; en Burgohondo, Ávila, se señaló una “imprudencia grave por el empleo de maquinaria pesada”; en Los Gallardos, Almería, un cable olvidado provocó un suceso; y en la hoya de Huesca, las sospechas recaen sobre obras en la A‑132. El material muestra que la normativa actual presenta vacíos. El Real Decreto‑ley 15/2022, bajo la Ley de Montes, prohíbe el uso de maquinaria que genere chispas o descargas cuando la AEMET anticipa riesgo muy alto o extremo, y el RD 716/2025 amplía la prohibición a una zona de 400 metros alrededor del monte, salvo autorización expresa. Sin embargo, en lugares como La Mierla la cosecha podía continuar con ciertas medidas de seguridad, lo que indica la existencia de excepciones y horarios permitidos que difieren entre comunidades. En Castilla‑La Mancha y Extremadura las actividades quedan suspendidas de 14:00 a 17:00, mientras que Galicia lo hace de 12:00 a 18:00. Castilla y León permite el uso de matachispas salvo que la temperatura supere los 30 °C y la velocidad del viento exceda los 30 km/h, combinando dos condiciones que rara vez se cumplen simultáneamente. La falta de una normativa nacional única genera una regulación dispar y la misma normativa se aplica tanto a la obra pública como a la agricultura, con escasa efectividad durante los veranos más críticos. Los datos del MITECO al 2 de agosto indicaban 144 844,80 hectáreas quemadas, representando el 0,507 % de la superficie forestal nacional, casi dos veces y media la media de los últimos diez años. El sistema europeo EFFIS, que actualiza mediante imágenes satelitales, reportó 222 783 hectáreas a 5 de agosto, equivalentes al 44,5 % del total quemado en la Unión Europea. Investigaciones de la UPNA, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Mapfre señalan que, aunque la maquinaria no es la principal causa de incendios, puede desencadenar incendios muy destructivos al coincidir con las peores condiciones de propagación. Frente a esta situación, el texto sugiere mirar a modelos extranjeros: en Portugal la actividad se desplaza a la noche tras años de crisis, y en Oregon se prohíbe directamente cuando el riesgo es alto. La normativa española, que se adapta automáticamente a las alertas de la AEMET, parece necesitar una revisión profunda para evitar que el país siga siendo una bomba de relojería en materia de incendios forestales.

Contexto y análisis

Los incidentes ocurridos la madrugada del 16 de julio – una cosechadora en La Mierla (Guadalajara), una maniobra con maquinaria pesada en Burgohondo (Ávila), un cable olvidado en Los Gallardos (Almería) y sospechas de obras en la A‑132 de la hoya de Huesca – ponen en evidencia la fragmentación de la normativa que regula el uso de equipos que puedan producir chispas durante los periodos de mayor riesgo de incendio. El Real Decreto‑ley 15/2022, que se apoya en la Ley de Montes, establece la prohibición de maquinaria con chispas cuando la AEMET advierte un riesgo muy alto o extremo, y el RD 716/2025 amplía la zona de exclusión a 400 metros alrededor de cualquier monte, salvo autorización expresa. Sin embargo, la aplicación práctica varía drásticamente entre comunidades autónomas: mientras Castilla‑La Mancha y Extremadura suspenden actividades entre las 14:00 y las 17:00, Galicia lo hace de 12:00 a 18:00, y Castilla y León permite el uso de matachispas siempre que la temperatura no supere los 30 °C o la velocidad del viento no exceda los 30 km/h. Estas discrepancias hacen que, en la práctica, la prohibición sea más una cuestión de horarios y condiciones locales que de una regla uniforme, lo que complica la coordinación entre sectores como la agricultura y la obra pública. El efecto de esta normativa dispar se refleja en las cifras de MITECO, que a 2 de agosto mostraban 144 844,80 hectáreas quemadas – poco más del 0,5 % de la superficie forestal nacional – casi el doble y medio de la media de la última década. El sistema europeo EFFIS, alimentado por imágenes satelitales, elevó esa cifra a 222 783 hectáreas a 5 de agosto, indicando que el fuego sigue expandiéndose pese a los intentos de contención. La falta de una normativa nacional única no solo dificulta la prevención, sino que también genera incertidumbre entre los operadores que deben adaptarse a requisitos diferentes según la comunidad. En la medida que los veranos se vuelvan más críticos, la presión sobre el Gobierno central para armonizar la regulación y ofrecer protocolos claros a sectores agrícolas y de obras públicas se vuelve cada vez más urgente, con el riesgo de que la fragmentación normativa siga alimentando episodios de incendio como los de este julio.

Análisis de la redacción de ChatAmigos.

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