Terremotos en Granada

Los temblores que han sacudido Granada en los últimos días se inscriben dentro de un patrón sísmico que la propia comunidad científica ya había advertido. En 2021 la provincia experimentó un “enjambre” de más de 3.000 sismos en nueve meses, un fenómeno que no sigue la lógica clásica de un gran terremoto seguido de réplicas, sino una serie de eventos de magnitudes moderadas que se desencadenan entre sí. La catedrática Ana Crespo, de la Universidad de Granada, señala que la actividad actual –siete sismos, cuatro de ellos superiores a 4 en la escala de Richter y el mayor de 4,8 con epicentro en Gójar– reproduce ese mismo comportamiento. La particularidad de las fallas granadinas, fracturadas y poco acumuladoras de energía, explica por qué se registran numerosos temblores sin que se alcance la magnitud de un “superterremoto” comparable a los de zonas como San Francisco. Este episodio tiene repercusión directa en la vida cotidiana de los granadinos. La decisión del Servicio Andaluz de Salud de suspender la actividad asistencial no esencial en los centros sanitarios de la provincia refleja la preocupación por la seguridad estructural de los edificios y la necesidad de evitar riesgos adicionales para el personal y los pacientes. La atención de urgencias y oncología se mantiene, pero la interrupción de consultas y procedimientos programados genera molestias y posibles retrasos en tratamientos que, aunque no críticos, son importantes para la salud pública. Además, el pronóstico de Crespo –más sismos durante semanas o incluso meses – obliga a las autoridades locales a reforzar los protocolos de evacuación y a informar a la población sobre medidas de autoprotección. En el contexto más amplio, la actividad sísmica de Granada reabre el debate sobre la gestión del riesgo en áreas con fallas de baja energía pero alta frecuencia de temblores. La experiencia de 2021 mostró que, aunque la magnitud media sea moderada, la acumulación de pequeños sismos puede generar un desgaste significativo de infraestructuras, especialmente en edificios antiguos y viviendas vulnerables. Las previsiones de un “verano movido” obligan a los municipios a revisar la resistencia sísmica de sus edificaciones públicas y a impulsar campañas de concienciación para que la ciudadanía adopte conductas seguras ante futuros movimientos.