El Gobierno aprueba el nuevo modelo de financiación con el voto sólo de Cataluña y Canarias

El nuevo modelo de financiación autonómica, pactado a finales de 2023 entre el Gobierno central y Esquerra Republicana, pretendía actualizar la distribución de recursos entre el Estado y las comunidades, incorporando criterios de capacidad fiscal y de necesidades de gasto más ajustados a la realidad demográfica y económica. Desde la reforma de 2013, el sistema ha sido objeto de controversia porque la mayor parte de la recaudación sigue concentrada en la zona central, mientras que regiones como Cataluña y Canarias demandan mayor autonomía para cubrir sus gastos en sanidad, educación y servicios sociales. La aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el voto único de la Generalitat y el Gobierno canario rompe con la práctica habitual de buscar consensos amplios entre todas las comunidades de régimen común, y pone de relieve la creciente polarización entre las fuerzas autonómicas y los partidos nacionales. La reacción de los demás gobiernos autonómicos –PP y PSOE– revela que el modelo no logra un equilibrio percibido como justo. La ausencia de la Comunidad de Madrid, el mayor contribuyente del país, y la protesta de Castilla‑La Mancha y Asturias, que piden la retirada del proyecto o la renuncia del ministro al voto de calidad, indican que la iniciativa carece de legitimidad suficiente para convertirse en norma. Si las Cortes aprueban la reforma pese a la oposición, es probable que se desencadene un conflicto institucional que obligue a renegociar los criterios de reparto o a recurrir a los tribunales. La polémica también alimenta la narrativa de que las decisiones de la política fiscal se están tomando “al margen de toda España”, una acusación que el PP ha utilizado para reforzar su posición en la próxima campaña electoral.