Gobierno de Sánchez impone nuevo modelo fiscal con el 90 % de CCAA en contra

El nuevo modelo de financiación autonómica que ha aprobado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) representa la primera reforma del régimen común desde su creación en 1986 que se lleva a cabo con la oposición mayoritaria de los gobiernos regionales. La normativa, negociada con Esquerra Republicana, otorga a Cataluña un ingreso adicional de 4.700 millones de euros al año y reconoce, por primera vez, la “singularidad” de Canarias, duplicando la previsión inicial de la autora del proyecto, María Jesús Montero. Estas mejoras se enmarcan en la estrategia del Ejecutivo de Sánchez para equilibrar la distribución de recursos entre comunidades, pero el mecanismo que ha utilizado –el voto de una sola comunidad para aprobar la medida– rompe con la práctica histórica del CPFF, que hasta ahora requería el consenso o, al menos, la ausencia de una mayoría contraria. La reacción de los gobiernos autonómicos refleja una división profunda sobre la equidad del nuevo esquema. Castilla‑La Mancha, Asturias, La Rioja y la mayoría de los restantes 13 gobiernos, junto con Ceuta y Melilla, lo califican de regresivo, argumentando que la fórmula “racanea todo tipo de medios” y no cubre las necesidades de financiación extra de sus territorios. La protesta de Ceuta, que depende en gran medida de transferencias del Estado, ilustra el temor de que la reforma favorezca a comunidades con mayor capacidad de negociación y reduzca la solidaridad interregional. Por el contrario, la satisfacción de la consellera catalana Alicia Romero y la de la autoridad canaria subrayan que, para algunos entes, la medida supone una oportunidad para compensar déficits estructurales y reforzar la autonomía fiscal. El impacto inmediato recae sobre unos 36 millones de ciudadanos que habitan en las regiones que votaron en contra, pues la reforma modifica la base de cálculo de los recursos que perciben del Estado. A medio plazo, la decisión podría sentar un precedente para futuras reformas, ya que el Gobierno central ha demostrado que puede imponer cambios aun sin el apoyo de la mayoría autonómica. Si bien la medida aporta recursos a Cataluña y reconoce la particularidad canaria, también plantea interrogantes sobre la cohesión del modelo de financiación autonómica y la capacidad del Estado para mantener un equilibrio entre la diversidad territorial y la solidaridad fiscal.