El juez Calama imputará a las hijas de Zapatero por supuesta iguala de 5.000 €/mes

El magistrado José Luis Calama anunció que abrirá una investigación exhaustiva sobre los movimientos de la sociedad Whathefav, propiedad de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La decisión llega después de que la fiscal de Anticorrupción, Elena Lorente, y las acusaciones populares solicitaran su citación como investigadas. En el interrogatorio al presunto testaferro Julio Martínez Martínez, el juez señaló que la empresa Análisis Relevante pagaba a Whathefav una iguala de 5.000 € mensuales bajo el pretexto de trabajos de maquetación de informes de asesoría. Calama expresó que no consideraba verosímil que esas sumas correspondieran a servicios reales. Según la declaración del propio Martínez, la sociedad dejó de prestar dichos servicios en 2022, pero continuó abonando la iguala, alegando que los pagos eran a las hijas de Zapatero. Los informes de la Udef estiman que, más allá de la actividad real que pudiera tener, la sociedad funcionaba como instrumento para canalizar ganancias vinculadas a presuntos tráficos de influencias. En el auto de imputación, Calama recordó que Alba y Laura son administradoras formales de Whathefav, descrita como “sociedad instrumental” destinada a recibir fondos pagados a Zapatero por gestiones que facilitaron el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea. Esa condición sitúa a las administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación. El procedimiento indica que Whathefav actúa como elemento finalista del entramado, recibiendo fondos tanto de clientes de la red como de la propia estructura organizada, y operando como centro de redistribución de flujos económicos hacia Zapatero y su entorno. Además, genera facturación ad hoc para dar cobertura formal a movimientos financieros carentes de actividad económica real y difunde los informes de Análisis Relevante sin aportar valor técnico, lo que refuerza su carácter instrumental. Calama subrayó que no citó a las hijas como testigos para evitarles el deber de decir la verdad y la prohibición de reservar información, protegiendo su derecho a no declarar contra sí mismas. La citación como investigadas quedará pendiente hasta al menos septiembre, según indicó el juez, que no tiene intención de acordar nuevas declaraciones antes de esa fecha.